En España la tierra tiene un dueño: particulares, ayuntamientos, montes de socios, colectivos de vecinos…

El monte NO ES DE TODOS.

Los conflictos por la recolección de setas no son  más que uno de los múltiples ejemplos de una mala armonización entre los derechos de los propietarios y vecinos de los montes, con los de una población urbana que le interesa entender que todo está a su servicio.

Esta vez es desde Galicia desde donde nos llegan voces trasladándonos problemas sociales. Nuestros amigos de la Organización Galega de Comunidades de Montes Veciñais en Man Común se siente invadidos y argumentan agravios en la interpretación de los derechos de unos y de otros.

No es de recibo un sistema por el que unos sienten que sólo tienen derecho a poner y otros a recibir.

Sin lugar a duda se hace preciso reflexionar para ver cómo armonizar ambos intereses.

Tal vez sea el momento de establecer mecanismos incentivadores o de compensación para que a los propietarios forestales de verdad les compense poner en común con la sociedad los bosques que desde generaciones vienen conservando.

Os transcribimos el artículo de López Penide, de La Voz de Galicia.

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La respuesta de los comuneros a las masivas concentraciones ciclistas del domingo no se ha hecho esperar. Así, la Organización Galega de Comunidades de Montes Veciñais en Man Común y la Unión de Tecores de Galicia emitieron un comunicado conjunto a través del cual, si bien lamentan la presencia de trampas en el monte, tiran de un lenguaje propiamente bélico para contestar a sus críticos: «Esixir, por alleos, usar as terras do monte veciñal e do rural sen autorización dos seus titulares, é un acto de invasión, de ocupación ilegal».

Añaden que muchas de las actividades que desarrollan estas personas «somentes poden traer consecuencias negativas» para los titulares de los terrenos, «derivadas da responsabilidade civil subsidiaria», como para los propios usuarios por «descoñocemento da situación dos terreos» y para el ecosistema. Con respecto a este último aspecto, precisaron que, mientras entre mayo y junio se le prohíbe a los cazadores adiestrar con sus perros en el monte, son muchos los senderistas que acuden con sus canes sueltos causando «molestias e danos considerábeis á fauna que neses meses atópase en pleno período reprodutor».

A este respecto, asumen que, al margen de ser parcelas de titularidad comunitaria, los montes vecinales son espacios abiertos que cumplen una serie de funciones, entre las que estaría la social. Es en este ámbito donde los firmantes del comunicado sitúan las actividades recreativas, aunque matizan que los usuarios no se pueden llevar a cabo asumiendo que el rural es «un inmenso espazo público».

A este respecto, advierten que estos usos no solo tienen que estar regulados, sino también «autorizados polos titulares das terras, como acontece cos aproveitamentos gandeiros, cinexéticos, custodia do territorio, ou mesmo con algún clube deportivo».

De este modo, sostienen que, contando con el permiso de las comunidades de montes, se podrían habilitar espacios para este tipo de actividades. Y de hecho, reconocen que hay colectivos que ya contemplan este tipo de usos en sus planes de ordenación e, incluso, colaboran a la hora de organizar pruebas deportivas o rutas de toda índole.

Pero sin perder de vista que «os montes veciñais en man común non son públicos nin privados, son propiedade colectiva, polo tanto comunitarios» y que su propiedad le corresponde, «única e exclusivamente», a los comuneros de un determinado lugar. Son, en definitiva, «os únicos que teñen potestade para decidir sobre estas terras».

Asimismo, sostienen que existe mucho desconocimiento de la situación real del monte vecinal. Pusieron como ejemplo el hecho de que se hable de las pistas forestales como «vías públicas» cuando la Ley de Montes no se expresa en tal sentido: «Son para acceso aos montes dos seus titulares, para execución de traballos ou servizos agroforestáis».